Con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha prometido adoptar una postura aún más dura sobre la migración en comparación con su primer mandato (2017-2021). La militarización de la frontera, la deportación masiva y las restricciones a los solicitantes de asilo están redefiniendo las dinámicas migratorias, no solo en la región, sino también a nivel global.
Las políticas del segundo mandato de Trump: un regreso a la rigidez
El 20 de enero de 2025, día de su toma de posesión, Donald Trump firmó 50 órdenes ejecutivas y revocó 80 de su predecesor. Se esperan decenas de medidas adicionales en los próximos días. No es casualidad que las principales órdenes ejecutivas estén relacionadas con la inmigración. Trump declaró el estado de emergencia en la frontera sur, movilizando tropas y recursos para ampliar las barreras físicas y tecnológicas. Entre las medidas más controvertidas está el plan de deportación masiva: prometió expulsar a un millón de migrantes irregulares al año, centrándose principalmente en los mexicanos, que representan aproximadamente un tercio de los 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos.
Otra medida significativa es el bloqueo de las solicitudes de asilo para los migrantes que llegan a la frontera. Retomando la política de “Quédate en México” de su primer mandato, Trump estableció que los solicitantes de asilo deben permanecer en territorio mexicano mientras se procesan sus solicitudes en los Estados Unidos. Esta política expuso a miles de migrantes a condiciones de extrema precariedad e inseguridad en ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, donde enfrentaron riesgos de violencia, explotación y falta de acceso a servicios básicos como atención médica y educación. El programa, que delegó en México la responsabilidad de gestionar a los migrantes, generó serias críticas de organizaciones de derechos humanos. Estas señalaron que la política no sólo agravaba la vulnerabilidad de los solicitantes de asilo, sino que también contraviene normas internacionales al desatender el principio de no devolución y los derechos fundamentales de los refugiados.
Consecuencias humanitarias en las fronteras norte y sur de México
Las ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos enfrentan una crisis humanitaria sin precedentes. En Tijuana, Mexicali, Reynosa y Ciudad Juárez, miles de migrantes viven en condiciones degradantes, hacinados en refugios sobrepoblados o en campamentos improvisados a lo largo de la frontera. Privados de acceso adecuado a servicios esenciales como agua potable, alimentos y atención médica, muchos migrantes enfrentan problemas de salud, desnutrición y violencia. Los centros de acogida, diseñados para alojar a un número mucho menor de personas, no logran gestionar el continuo aumento de deportaciones desde Estados Unidos y de personas bloqueadas por la militarización de la frontera. La presión se agrava con las recientes medidas adoptadas por la administración de Trump, como la aceleración de las deportaciones inmediatas, el bloqueo de solicitudes de asilo en la frontera y la militarización de la frontera, lo que ha dificultado aún más el acceso legal al territorio estadounidense.
En el sur de México, la situación es igualmente crítica. Ciudades como Tapachula, en el estado de Chiapas, se han convertido en verdaderos puntos de estancamiento para miles de migrantes, transformándose en centros neurálgicos de la crisis migratoria. En el primer trimestre de 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) registró un aumento del 208% en el número de migrantes irregulares en comparación con el mismo período de 2023, con una gran presencia de personas provenientes de Venezuela, Haití, Honduras y Colombia. Este flujo creciente es resultado de una compleja combinación de factores: pobreza extrema, violencia generalizada en los países de origen, inestabilidad política y los efectos devastadores de la crisis climática, que están haciendo inhabitables vastas áreas del continente.
